obre laDespués de la noche de los cacerolazos, el Gobierno apeló ayer a un recurso olvidado durante el conflicto con el campo: el Congreso de la Nación. La presidenta Cristina Kirchner envió al Parlamento un proyecto de ley que contempla la ratificación del resistido decreto del 11 de marzo por el cual se impuso el esquema de retenciones móviles. 
El giro fue presentado en un contexto de duras críticas al agro y a la prensa. Alcanzó para descomprimir ayer las protestas callejeras, pero apenas despertó una tibia expectativa en las entidades ruralistas. Los dirigentes consideraron “positivo” el inicio de un debate legislativo sobre la medida que originó la crisis, pero ratificaron el paro hasta la medianoche de hoy. En reserva, sugirieron que podrían estar ante “una trampa” dado que el proyecto sólo admite la ratificación o el rechazo y no permite cambio alguno de las medidas adoptadas.
El anuncio oficial apuntó en buena medida a emparchar las grietas abiertas en el PJ con los cacerolazos que se reprodujeron en todo el país anteanoche. Cuatro gobernadores peronistas habían pedido por la mañana que la Casa Rosada retomara el diálogo con el campo.
El matrimonio presidencial se repartió el trabajo de reaccionar a la peor noche de sus cinco años en el poder. A media tarde, Néstor Kirchner citó una conferencia de prensa –algo casi sin precedente en su historia– para ratificar el acto de hoy en la Plaza de Mayo “en apoyo del Gobierno y la democracia”. Allí, defendió a ultranza las retenciones y acusó a los caceroleros de “contar con logística de sectores ligados a la represión ilegal”.
Una hora después, Cristina Kirchner comunicó su decisión de que el tema fuera tratado en el Congreso. Dijo que lo hacía “porque [a los que reclaman] no les basta con esta presidenta que hace seis meses obtuvo el 46% de los votos”.
El proyecto de ley repite el contenido de la resolución que impuso las retenciones móviles y el del decreto de la semana pasada por el cual se asignó a un fondo de obras públicas la recaudación correspondiente al aumento de la alícuota. Los legisladores, entonces, sólo podrán decir si están de acuerdo o no con las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo. “Si no hay debate, las protestas van a reavivarse”, advirtió una fuente del sector rural.
Para el anuncio, transmitido por cadena nacional, la Presidenta eligió un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo de 1955 a la Plaza de Mayo en los días finales de la segunda presidencia de Perón. En un intento de asociar aquella intención golpista con las protestas de estos días, advirtió: “Les pido respetar la democracia”. Igual, se declaró “dispuesta al diálogo” y rogó por el fin de los bloqueos de rutas.
Fuentes de la Casa Rosada admitieron que el cambio de rumbo se había resuelto de urgencia la noche anterior, en Olivos, ante el impacto de los cacerolazos. Sin embargo, tanto Néstor como Cristina Kirchner descalificaron a los manifestantes. "Con cacerolas, bocinas y cortes de ruta no se gobierna un país", se quejó la Presidenta.
Además, Cristina Kirchner condenó "la intolerancia" contra políticos oficialistas (nombró una protesta que sufrió en su casa de Rosario el diputado Agustín Rossi) y reclamó que no se repitieran sucesos de ese tipo. La declaración reflejó el temor del Gobierno de que los legisladores, sobre todo los del interior agropecuario, puedan sufrir presiones para no convalidar el plan de retenciones.
El kirchnerismo tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso, pero la crisis rural alejó a muchos dirigentes del PJ, sobre todo de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y del radicalismo K.
El proyecto de ley entró anoche en la Cámara de Diputados. Se aclara en él que la decisión de presentar a debate el tema de las retenciones no implica desacreditar "las facultades ejercidas" el 10 de marzo, cuando el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció el régimen de la discordia.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó anoche que los diputados y senadores no pueden modificar el contenido del proyecto de ley. Los presidentes de las cuatro entidades agrarias se reunieron en la Sociedad Rural para escuchar los discursos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero la primera reacción partió de Gualeguaychú, donde está el mediático dirigente Alfredo De Angeli: "Se abrió una instancia de la democracia", dijo apenas se cortó la cadena nacional.
De Angeli todavía no tenía detalles sobre el contenido del proyecto de ley. Pero en el Gobierno respiraron aliviados por esas palabras. El líder de la Federación Agraria entrerriana terminó de convertirse en una figura clave del conflicto cuando, el sábado pasado, fue detenido por la Gendarmería en la ruta 14, cerca de Gualeguaychú. Ayer, Kirchner minimizó aquel hecho: "Se lo llevaron a upa", ironizó. Su esposa diría luego que le habría gustado que la Justicia hubiera sido estricta "con los estancieros que cortan rutas".
"Libro cerrado"
En Buenos Aires, los jefes de las entidades debatieron hasta las 21 antes de presentarse en público. Esperaron conocer el proyecto oficial y, entonces, decidieron plantear una posición escéptica. "Queremos ver que realmente haya un debate y no se apruebe este proyecto a libro cerrado", dijo Mario Llambías, jefe de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Mientras siguen los cortes de ruta en todo el centro del país y crecen los problemas de abastecimiento de combustibles y alimentos, los ruralistas ratificaron las protestas que habían convocado para hoy. Será una "jornada ecuménica de reflexión", con manifestaciones en todos los pueblos levantados contra las retenciones.
Coincidirá con la movilización que organiza el Gobierno a la Plaza de Mayo y que ayer convalidaron Néstor Kirchner y la Presidenta en sus respectivos discursos. El acto estuvo en duda durante la mañana, ante las inesperadas críticas de gobernadores oficialistas como Mario Das Neves (Chubut), Celso Jaque (Mendoza), José Luis Gioja (San Juan) y Juan Schiaretti (Córdoba). Todos ellos pidieron "diálogo" con el campo y, con matices, pusieron en duda la necesidad de otra marcha política en medio de la crisis.
En buena medida, reflejaban el malestar de un sector del PJ porque el primero en convocar el acto hubiera sido Luis D Elía. En su ejercicio de contención, Kirchner se despegó del polémico piquetero. "No siempre coincidimos", dijo. Y desautorizó la denuncia de D Elía contra Eduardo Duhalde, a quien había acusado de liderar "un golpe de Estado".
Después de esa jugada de Kirchner y de la convocatoria de la Presidenta, los gobernadores del PJ empezaron a confirmar su presencia en el acto de hoy. Das Neves y Schiaretti serán los únicos ausentes con aviso.
La decisión de trasladar al Congreso la discusión sobre las retenciones alivió también la situación del vicepresidente Julio Cobos, que dos días atrás había reclamado un debate parlamentario. Ayer se cortaron los insistentes rumores de su renuncia. "Todo el mérito es de la Presidenta", dijo a LA NACION, y admitió que se había enterado de la novedad en el mismo momento del anuncio.
La primera reacción de la oposición fue de apoyo casi en bloque a la idea de debatir en el Congreso las retenciones. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que fue "un alivio", mientras que la UCR la calificó como "una conquista de la gente".
Pero con el paso de las horas creció el escepticismo sobre la amplitud que tendrá el debate, sobre todo al notar que el proyecto plantea la aprobación o el rechazo a libro cerrado.
Los opositores esperan ahora, con especial atención, el tono que le imprimirán los Kirchner al acto peronista de hoy en la Plaza de Mayo: en lo que va del conflicto, a cada señal de concordia siguió otra de ruptura.
