Desde hace más de dos meses, el Gobierno se ve enfrentado al sector rural. Es tal vez la puesta en escena de un conflicto coyuntural, pero que es parte de un movimiento orgánico que data desde hace 150 años.
Esta vez la disputa se centra en la implementación de retenciones móviles a las exportaciones de maíz, trigo, girasol y, en mayor medida, a las de soja. Las retenciones, cabe aclarar, existieron siempre formando parte de un sistema tributario del Estado que, además del impuesto a las Ganancias y el IVA, se lo aplica a la importación y a la exportación.
Pero, desde mi punto de ver las cosas, acá se discute no solo el aumento arbitrario de los porcentajes de retención, acá hay que centrarnos en algo que es mucho más grave y más doloroso, que es el no cumplimiento de la Constitución Nacional (CN), donde ‘las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso [...], son la ley suprema de la Nación [...]¨ (fragmento Art. 31).
El ‘Esquema de retenciones móviles para productos primarios y sus derivados’, es una medida inconstitucional. No es por capricho decir estas cosas, la gente debe saber que está configurado en la CN, donde se establece que el Poder Ejecutivo no puede legislar sobre impuestos federales, tal como son los derechos de exportación. Según la Constitución, esa acción recae sobre el Poder Legislativo y así lo establece el artículo 75, donde se especifica que corresponde al Congreso Nacional ‘legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación’.
Tal vez la Sra. Presidente (o quien corresponda) no cumple con estos artículos, porque el esquema de retenciones móviles se implementó bajo un decreto de necesidad y urgencia, el cuál sí está establecido en el artículo 99 inciso 3, pero que, incluso, deja bien en claro que no puede tratarse de normas que regulen materia tributaria. El artículo dice claramente que ‘el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.’ Ahora, ¿cuáles fueron las causas excepcionales que imposibilitaron el paso del decreto por el Congreso?¿Cuál fue la urgencia? ¿Acaso no contamos con un Congreso paralizado desde 2003?¿No gozamos, según datos oficiales, de un superávit fiscal y comercial?¿Cuáles fueron los parámetros para llegar a tomar esta decisión?
Nos encontramos con algo más de fondo, y no es otra cosa que un sistema que, como la gran mayoría de los que alcanzaron la jefatura del Estado, tiene como economista de cabecera a Robin Hood, quitándole a los sectores más ricos para darles a los sectores más carenciados. Eso no es política económica. Eso es querer instaurar una ideología que no hace más que separar y distanciar cada vez más a los sectores pobres de los más beneficiados.
Hay que lograr, como muy pocos supieron hacerlo, un desarrollo sustentable y constante para todos los sectores. Una clase obrera motora de la industria, la agricultura y la obra pública; una clase media profesional y técnica capaz de generar y difundir conocimiento. Y una clase alta con capacidad de invertir para el desarrollo interno de la Nación.
Ahora se habla de que el apoyo al sector agropecuario es apoyar a la desestabilización de la democracia. Se han vuelto a escuchar las palabras oligarcas, golpistas, traidores de la Patria, lock out agropecuario del ’76. Hay que dejar en claro que es imposible que se caiga en un golpe de Estado. No están dadas las condiciones, en contraposición de lo que se escucha de voces oficiales. El Ejército está desahuciado. Además, el pueblo no lo permitiría. Es decir, ¿soy un ingenuo por pensar todo esto como consecuencia de haber tenido el privilegio y el orgullo de haber nacido en Democracia? No creo. Formo parte de los que nacimos en la década del ’90. Una generación que hoy mira, escucha, analiza, interpreta. Tenemos en nuestras manos un arma fundamental para parar de una vez por todas con todo esto que nos pone de tan mal humor, y nos hace preguntar a nosotros mismos todos los días ¿por qué?, ¿cómo?. Ese arma es el voto. Y lo vamos a usar.
Esta vez la disputa se centra en la implementación de retenciones móviles a las exportaciones de maíz, trigo, girasol y, en mayor medida, a las de soja. Las retenciones, cabe aclarar, existieron siempre formando parte de un sistema tributario del Estado que, además del impuesto a las Ganancias y el IVA, se lo aplica a la importación y a la exportación.
Pero, desde mi punto de ver las cosas, acá se discute no solo el aumento arbitrario de los porcentajes de retención, acá hay que centrarnos en algo que es mucho más grave y más doloroso, que es el no cumplimiento de la Constitución Nacional (CN), donde ‘las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso [...], son la ley suprema de la Nación [...]¨ (fragmento Art. 31).
El ‘Esquema de retenciones móviles para productos primarios y sus derivados’, es una medida inconstitucional. No es por capricho decir estas cosas, la gente debe saber que está configurado en la CN, donde se establece que el Poder Ejecutivo no puede legislar sobre impuestos federales, tal como son los derechos de exportación. Según la Constitución, esa acción recae sobre el Poder Legislativo y así lo establece el artículo 75, donde se especifica que corresponde al Congreso Nacional ‘legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación’.
Tal vez la Sra. Presidente (o quien corresponda) no cumple con estos artículos, porque el esquema de retenciones móviles se implementó bajo un decreto de necesidad y urgencia, el cuál sí está establecido en el artículo 99 inciso 3, pero que, incluso, deja bien en claro que no puede tratarse de normas que regulen materia tributaria. El artículo dice claramente que ‘el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.’ Ahora, ¿cuáles fueron las causas excepcionales que imposibilitaron el paso del decreto por el Congreso?¿Cuál fue la urgencia? ¿Acaso no contamos con un Congreso paralizado desde 2003?¿No gozamos, según datos oficiales, de un superávit fiscal y comercial?¿Cuáles fueron los parámetros para llegar a tomar esta decisión?
Nos encontramos con algo más de fondo, y no es otra cosa que un sistema que, como la gran mayoría de los que alcanzaron la jefatura del Estado, tiene como economista de cabecera a Robin Hood, quitándole a los sectores más ricos para darles a los sectores más carenciados. Eso no es política económica. Eso es querer instaurar una ideología que no hace más que separar y distanciar cada vez más a los sectores pobres de los más beneficiados.
Hay que lograr, como muy pocos supieron hacerlo, un desarrollo sustentable y constante para todos los sectores. Una clase obrera motora de la industria, la agricultura y la obra pública; una clase media profesional y técnica capaz de generar y difundir conocimiento. Y una clase alta con capacidad de invertir para el desarrollo interno de la Nación.
Ahora se habla de que el apoyo al sector agropecuario es apoyar a la desestabilización de la democracia. Se han vuelto a escuchar las palabras oligarcas, golpistas, traidores de la Patria, lock out agropecuario del ’76. Hay que dejar en claro que es imposible que se caiga en un golpe de Estado. No están dadas las condiciones, en contraposición de lo que se escucha de voces oficiales. El Ejército está desahuciado. Además, el pueblo no lo permitiría. Es decir, ¿soy un ingenuo por pensar todo esto como consecuencia de haber tenido el privilegio y el orgullo de haber nacido en Democracia? No creo. Formo parte de los que nacimos en la década del ’90. Una generación que hoy mira, escucha, analiza, interpreta. Tenemos en nuestras manos un arma fundamental para parar de una vez por todas con todo esto que nos pone de tan mal humor, y nos hace preguntar a nosotros mismos todos los días ¿por qué?, ¿cómo?. Ese arma es el voto. Y lo vamos a usar.
Por Juan I. Agarzúa
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